El Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó en el Pleno ordinario del pasado día 25 de noviembre la revisión del artículo 29.1.b) del Acuerdo de Condiciones de Trabajo de los empleados públicos, una medida destinada a corregir irregularidades en el cálculo de los trienios que datan de varias décadas atrás. Este paso responde al compromiso del Consistorio con el cumplimiento de la normativa vigente y la gestión responsable de los recursos públicos.

El artículo establece que el cálculo de los trienios se realiza en función del grupo al que pertenece actualmente el empleado público, en lugar de hacerlo según el grupo en el que estos se consolidaron, como dicta la legislación. Esta práctica ha generado discrepancias en los pagos, beneficiando indebidamente a empleados que han promocionado a grupos superiores.

La situación fue puesta de manifiesto en un informe del Interventor Municipal, que determinó que el artículo podría estar incurriendo en nulidad al contravenir lo estipulado en la normativa estatal, concretamente el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ante esta conclusión, el Pleno acordó, no solo iniciar el procedimiento de revisión de oficio, sino también suspender temporalmente la aplicación del artículo mientras se resuelve el expediente.

Alegaciones abiertas a los interesados

El Ayuntamiento ha habilitado un periodo de 15 días hábiles, que comenzó el pasado día 17 de diciembre, para que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas en defensa de la legalidad del acuerdo.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Molina de Segura reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. Si bien esta situación se remonta a décadas atrás, la actual Corporación municipal asume la responsabilidad de corregirla, garantizando que las condiciones laborales de los empleados públicos se ajusten plenamente al marco legal vigente.

Desde el Ayuntamiento se entiende que esta medida puede generar inquietudes entre los trabajadores afectados, pero es imprescindible para asegurar una gestión salarial justa, basada en la normativa aplicable, y evitar futuros perjuicios, tanto para los empleados como para la institución.