La portavoz de UPyD en Molina de Segura, Encarna Hernández, ha calificado hoy como "insuficiente" la bajada del IBI anunciada por la concejal de Hacienda, Victoria Gómez, que "puede" oscilar entre el 5 y el 7 %, ya que "no se cumple la promesa del Gobierno municipal de eliminar el recargo del 10%, y supone una solución 'a medias' para que las familias con más dificultades económicas puedan afrontar el pago de este impuesto". Hernández ha pedido en este sentido "mayor precisión" a la hora de anunciar este tipo de medidas, que "en ningún caso", añade, "suponen una compensación a los ciudadanos por los fuertes incrementos sufridos en años anteriores, que alcanzan el 13 %".
El Grupo Municipal de UPyD espera que la edil de Hacienda del Consistorio molinense explique esta cuestión con mayor claridad en el próximo Pleno, al que UPyD lleva una moción en la que solicitará más facilidades de pago del IBI y modificaciones en la ordenanza municipal que regula este impuesto para introducir medidas que fomenten la actividad económica. En concreto, la formación política pide implantar el pago aplazado en doce cuotas durante doce meses, sin aplicar intereses, así como introducir bonificaciones para inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, entre otras circunstancias por fomentar el empleo.
Del mismo modo, UPyD solicita eliminar las diferencias de bonificación por familia numerosa en función del valor catastral de la vivienda, e incrementar dicha bonificación si existen miembros con discapacidad o dependientes en la familia. En este punto, Hernández recuerda que "decenas de familias en el municipio han visto reducida su bonificación del IBI entre un 25 y un 40 % tras introducirse este baremo del valor catastral de la vivienda; una discriminación que no tiene sentido ya que no tiene en cuenta el nivel de renta familiar, y que es la más restrictiva dentro de los cuatro grandes municipios de la región".
Entre otras medidas, UPyD también planteará al Pleno introducir recargos sobre viviendas vacías en poder de las entidades de crédito, especialmente si proceden de procedimientos de desahucio.